EDUARDO VAN DER KOOY
Trama política
El Estado pasará a administrar el peaje de la Hidrovía. La cabeza será kirchnerista. Son US$ 300 millones por año. Los K siguen condicionando a la Procuración y afianzaron la mayoría en la Magistratura.
El amanecer de la campaña y la proximidad del calendario electoral han colocado en paréntesis dos batallas que tienen a Cristina Fernández como protagonista principal. La primera se vincula con la definición de políticas estructurales para la economía, que generan controversias en el oficialismo. La segunda, con la ofensiva kirchnerista sobre el Poder Judicial, en la cual, las causas de corrupción de la vicepresidenta ocupan un lugar preponderante. El desenlace de ambas batallas estaría íntimamente relacionado con los resultados en las urnas.
Alberto Fernández encontró un atajo cuando empezaba a sentir asfixia por el acoso kirchnerista. Dispondrá que por un año la Administración General de Puertos (el Estado) administre la Hidrovía Paraná-Paraguay. El curso navegable de 3.500 km. donde circula el 80% del comercio exterior de la Argentina. Se trata de una caja que recauda alrededor de US$ 300 millones por año. En la actualidad –y desde 1995-- es operada por le empresa belga Jan de Nul junto al socio local EMEPA S.A.
La concesión, que vencía en 2010, fue prorrogada durante el segundo mandato de Cristina. Tenía un antecedente: esa vía resultó clave por la exportación de materias primeras para la recuperación económica que exhibió Néstor Kirchner durante sus cuatro años en el poder, luego de la crisis del 2001. El ex presidente nunca pensó en alterar el mecanismo. Contó con el respaldo intelectual de su jefe de Gabinete. Era Alberto Fernández.
Al atajo, el Presidente añadirá un edulcorante para conformar al paladar del kirchnerismo. La creación de un ente estatal de control (otro) de todas las vías navegables del país. Antigua reivindicación del espíritu soberano que ha recrudecido en el Instituto Patria. Se blandió en el plano alimentario cuando fue promovida la frustrada expropiación de la empresa agro-industrial Vicentin. Aflora con la propuesta de Cristina, en medio de la trágica pandemia, para unificar mediante la rectoría del Estado el sistema de salud. Un preámbulo ocurrió con la cuestión energética, a partir de la estatización de YPF en 2012. Los resultados, en este caso, no han sido auspiciosos. La Argentina perdió su capacidad de autoabastecimiento. La maquinaria flaquea ante la menor exigencia: en estos primeros días de frío intenso disminuyó el suministro de gas. Las empresas ofrecen explicaciones adicionales: el cepo y los cierres de fronteras por el coronavirus, dañan el flujo de insumos para el mantenimiento del sistema.
Con el nuevo recurso, el Presidente parece haber ganado tiempo respecto del llamado a licitación final. En el recorrido pueden descubrirse tres posturas. El kirchnerismo duro aspira a una estatización lisa y llana de la Hidrovía. Otro sector del mismo palo, espolea una licitación que facilite la futura participación de una empresa china. Está la pata de Electroingeniería, del ingeniero K Gerardo Ferreyra. Estuvo detenido por la causa del escándalo de los Cuadernos de las coimas. Nunca se convirtió en arrepentido. Entre ese par de posturas se balancea la vicepresidenta. Figuran, además, los que pretenden una licitación normal, donde se tengan en cuenta -acorde con la época- exigencias ambientales y de transparencia operativa. Calzarían mejor en las posibilidades de los oferentes europeos que los asiáticos.
Hasta no hace mucho tiempo el Presidente estaba convencido sobre la utilidad de no zamarrear demasiado un sistema que ha funcionado razonablemente bien. Su línea ha sido compartida por los funcionarios que arrimó como aliados en el armado de la coalición oficial. El canciller Felipe Solá fue como secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca uno de los promotores de la privatización de 1995 que consagró Carlos Menem. Sergio Massa mantiene una tesitura similar. Garantizó la realización de una licitación limpia para la Hidrovía en su reciente viaje a los Estados Unidos.
De todas formas, el titular de la Cámara de Diputados parece envuelto en un dilema. La Administración General de Puertos que por un año tendría el control de la Hidrovía depende del Ministerio de Transporte. Allí y en estamentos de empresas del Estado ha logrado amalgamar poder. El fallecido ex ministro Mario Meoni defendía la licitación abierta. Otro hombre que supo estar cerca del líder renovador, Gabriel Katopodis, a cargo de Obras Públicas, prorrogó por 90 días la concesión mientras Alberto lograba darle forma al atajo.
El nuevo Ministro de Transporte, Alexis Guerrera, llegó con la misma posición de su antecesor. Debió mutarla debido a la presión de Cristina y del kirchnerismo. Massa estará obligado a otro malabar. El nuevo papel de la Administración General de Puertos acrecentará el valor de su área de influencia. Aunque ese organismo está conducido por el santacruceño José Beni, pupilo de la vicepresidenta.
¿Cuál sería aquel dilema? La nueva decisión presidencial otorga a la AGP la administración de los peajes, sobre los cuales hoy también existe supervisión. Son 3 dólares por tonelada de arqueo. Debido a los trabajos de calado que se hicieron desde 1995, que llevaron los 22 pies a 34, el transporte y la carga aumentaron de manera sideral. La cantidad de buques que circula se triplicó. Las cargas también: superan las 180 millones de toneladas. La cuenta de la multimillonaria recaudación es sencilla. El kirchnerismo se empieza a relamer.
La Hidrovía tuvo en aquel tiempo un anabólico. La construcción del puente Rosario-Victoria que lanzó Menem. La obra se topó con muchas demoras por los vaivenes nacionales. El envión final lo dio recién Eduardo Duhalde, en su tiempo de emergencia. La combinación entre la Hidrovía y el puente significó un motor en el comercio del Mercosur por su conexión directa con el Sur de Brasil.
El kirchnerismo, pese a la fórmula ensayada por Alberto, no ha bajado la guardia. En el Senado se aprobó la creación de una Comisión Bicameral que supervise la futura licitación de la Hidrovía. El pasado 20 de junio una comitiva, que integraron entre varios los sindicalistas Pablo Moyano y Roberto Baradel, desplegó una enorme bandera sobre el puente Rosario-Victoria proclamando la soberanía fluvial. El ex secretario de Puertos y Vías Navegables, Horacio Tettamanti, sostiene que la Hidrovía es un invento y que el Presidente “fue engañado” por no resolver ya mismo la estatización. Se le adjudica a ese ingeniero naval –la revelación fue hecha por Miguel Pichetto- ser responsable de posturas radicalizadas de los K. Incluso en áreas de la política exterior donde está su hermano, el vicecanciller Horacio. El auditor mencionó los casos de Nicaragua y Venezuela.
El debate político permite mechar argumentos de toda índole. Se explica que el corredor fluvial norte ha tenido un crecimiento de las actividades ilícitas, como el contrabando y el narcotráfico. Es verdad. Nada tendría que ver con el sistema privatizado. En todo caso, puede achacarse a la ineficacia de la Aduana o de la Prefectura. Ramas del Estado. Por otro lado hay una realidad incontrastable: las tareas de constante dragado requieren una tecnología disponible por un puñado de empresas en el mundo. En estas décadas el mejoramiento de la Hidrovía exigió más de US$ 15 mil millones de inversión en infraestructura portuaria. Una fotografía del presente explica mucho. El Paraná registra su mayor bajante en 50 años. El tránsito de grandes buques no se ha visto afectado gracias a la profundidad de los canales.
Dentro de un marco parecido de acomodamiento conceptual transcurre el tramado kirchnerista sobre el Poder Judicial. Del resultado electoral de noviembre depende el proyecto que más interesa a Cristina a futuro: la nueva ley del Ministerio Público, con media sanción del Senado y trabada en Diputados. Es decir, la chance de tumbar al procurador Eduardo Casal y manejar a los fiscales. Interinamente se ocupa de eso la Comisión Bicameral de Seguimiento que cada semana presiona, con distintos artilugios, a los no incondicionales.
Mientras tanto, la vicepresidenta recuperó el control de todas sus propiedades que habían sido intervenidas en las causas de Los Sauces y Hotesur, por sospechas de lavado de dinero. El juicio oral viene demorado, como casi todos. Los esfuerzos oficiales están colocados en desplazar del Tribunal Oral Federal 5 a Adriana Pallioti. La única jueza que se opuso a aquel beneficio para Cristina y su familia. La tarea está en manos del consejero Gerónimo Ustarroz, hermano del ministro del Interior, Eduardo De Pedro. Con la anuencia del presidente del Consejo de la Magistratura, Diego Molea.
Allí el kirchnerismo se anotó otro poroto. Designó a Juan Cubría, hijo de la jueza María Servini, en la Comisión de Disciplina y Acusación. La movida motivó la renuncia del representante del bloque opositor, Ricardo Recondo. En su lugar fue nombrada la militante K, María Pilatti Vergara. Se ha formalizado así la ruptura del equilibrio de fuerzas en dicho Consejo.
El trabajo subterráneo acumula pequeñas satisfacciones para la vicepresidenta. Eso explica una marcha atrás. El pedido de postergación de las declaraciones como testigos de Alberto y de Massa en la causa por la concesión de obras públicas a favor de Lázaro Báez. La excusa fue la pandemia: el defensor Carlos Beraldi adujo que los ex jefes de Gabinete deben hacerlo únicamente de manera presencial.
Ese juicio avanza con extrema lentitud. Las palabras de Alberto y Massa podrían haber repuesto los oscuros fantasmas del pasado. Ingrato para una campaña electoral donde, está visto, Cristina es la jefa indiscutida.
EDUARDO VAN DER KOOY / OPINIÓN / CLARÍN
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